Seinforma Canada

    Es así como en 1986 se establece un sistema de transferencias que cede a los entes territoriales el 50% del IVA. La Constitución Política de 1991 sustituye el IVA por transferencias del 46% de los Ingresos Corrientes de la Nación (ICN), compuestos por recursos tributarios y no tributarios, es decir, impuestos, tasas, etc. Se configura desde entonces, una descentralización sectorial donde los diferentes niveles de la nación se reparten competencias del manejo de dichos sectores.
    Los municipios contaban con el 60% del situado fiscal para educación y parte de un 20% adicional destinado a salud o educación según lo requirieran. De los ingresos corrientes de la Nación, el 80% eran renta de destinación específica de la cual el 30% era exclusivo para gastos de inversión en educación y otro 20% para ejecutarse en éste y otros sectores como salud y saneamiento básico, entre otros.
   A pesar de las bondades del sistema, en la medida en que la descentralización realmente era un mecanismo para extender el brazo del Estado para atender de manera más directa las necesidades de la población, cuatro aspectos que ponían en cintura el presupuesto descentralizado, a la vez obligaba a una mayor eficiencia: gastos de destinación específica, subordinación de las transferencias al logro de desempeños, competencia por recursos y transferencias menores al costo de los rubros a cubrir.
   Los gastos de destinación específica introducen graves restricciones para las finanzas territoriales, pues tienen un alto porcentaje dentro de los recursos descentralizados, 81,5% en 1996, lo que significa que en esa proporción los montos transferidos debían ir para gastos de inversión y el resto, insuficiente para la mayoría de los pequeños municipios, para gastos de funcionamiento, planteando una importante paradoja: instalaciones y mayor cobertura, con una menor planta docente a la cual difícilmente se le puede pagar (en el caso de los municipios más pequeños).
   Este panorama, junto a la dificultad para cubrir los costos de la prestación de servicios sociales, obligó a los entes locales a buscar mecanismos de financiamiento, a través del aumento en los tributos para generar ingresos propios, trasladando parte del aparato administrativo a la empresa privada y en los años noventa, a buscar financiamiento por medio del crédito; una situación que puso en evidencia que a nivel descentralizado, se podrían alcanzar graves niveles de ineficiencia en el manejo del gasto público.

De los gozosos a los dolorosos
    Por ello mismo, durante el período presidencial de Andrés Pastrana (1998 - 2002) y en medio de la más grave crisis económica que hubiera enfrentado Colombia en las últimas décadas, se plantea la necesidad de sanear los fiscos locales y reducir el déficit fiscal. Se modifican la Ley 60 y los artículos 356 y 357, que definían el sistema de transferencias, por medio del llamado acuerdo o Acto Legislativo 001 de 2001, que integra las participaciones municipales de los Ingresos Corrientes Nacionales (ICN), el situado fiscal (para departamentos y distritos), PICN y recursos del Fondo Educativo de Compensación (FEC), en el Sistema General de Participaciones (SGP).
    Este acto legislativo, precisó un período de transición, en el que se definían los montos y porcentajes a ser transferidos, así: entre 2002 al 2005: IPC+ 2 % por año y entre 2006 al 2008, IPC+ 2.5 % por año y a partir de 2009 en adelante el promedio de los últimos 4 años. Según la Contraloría General de la República, esto significó una pérdida para los departamentos, distritos y municipios, entre 2002 a 2006, de 7.1 billones de pesos, cerca de un 9%, 28 billones de pesos (en términos reales de 2005); debido a que el Acto Legislativo 001 de 2001 desligó las participaciones de los Ingresos Corrientes Nacionales (ICN).
    Se definió de acuerdo con la ley 715, que los recursos del SGP se distribuirían así: 58.5% al sector educativo, 24.5% al sector salud y el 17% para propósitos generales de los cuales el 4% es para el programa de alimentación escolar y el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales. Sin embargo, la base de distribución no fue NBI, sino el número de habitantes en cada municipio, lo que se traduce en una profundización de la desigualdad territorial: se castiga a los municipios más pequeños, sin duda los de menor capacidad de generar ingresos propios.
    Bajo el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se plantea la posibilidad de faltar al acuerdo 001 de 2001, según el cual en 2009 las partidas presupuestales transferidas a los municipios deberían tener como mínimo el monto de 2001 y continuar con la disminución los recursos transferidos como porcentaje del PIB y alcanzar mejores cifras de cobertura por medio de los subsidios parciales y auxilios específicos a proyectos otorgados desde los concejos comunales. Éstos han sido 156 y hay 1100 municipios, necesitaríamos varios años más para que los auxilios llegaran a todos; algo que sepulta el concepto de universalidad. En cambio, el aumento en el gasto militar por cuenta de la política de seguridad democrática ha aumentado un 203%.
    Las proyecciones en materia de educación, según Planeación Nacional, es que hacia el 2010 se conseguiría la cobertura universal bajo este esquema, pero estudios del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) aducen que la meta se demoraría hasta el 2019 para cumplirse. El acto legislativo 011 configura la transición de giros de transferencias, así: en 2008 y 2009, IPC+ 4%+ 1.3 (adicional para educación), en 2010, IPC+3.5 +1.6 (adicional para educación) y en 2011 y 2016, IPC+ 3% +1.8 (adicional para educación) educación.
    A partir del año 2016 las transferencias para los departamentos y municipios aumentarán en el promedio de los últimos cuatro años que hayan crecido los Ingresos Corrientes de la Nación. Según cálculos del Departamento Nacional de Planeación, los giros intergubernamentales sin la reforma, alcanzarían en 2009 más de 24 billones de pesos y con la reforma 20 billones; no cubrirían universalmente a la población en educación y salud. En términos reales de 2005, según el CID y cifras presentadas por el profesor Darío Restrepo, el monto de transferencias disminuiría 52 billones de pesos hacia el año 2019. (Ver gráficos 1 y 2).

Se desangra el futuro de Colombia
    El recorte de las transferencias entre 2002 y 2006 profundizó algunos de los problemas de financiamiento territorial y por supuesto, afectó los programas de cobertura en educación de más de 800 municipios, que carecían de instrumentos tributarios. Según el profesor Oscar Rodríguez Salazar, en 2006, de 11.925.488 niños y jóvenes, entre 5 y 17 años que deben estar matriculados en preescolar, básica y media, 2.698.738, no ingresaron a las instituciones educativas. Según la Contraloría General de la República, para el 2005, la reforma generó una pérdida de cobertura para 2.929.030 niños. Así, entre 2002 y 2006 causó la perdida de 1`679.000 cupos educativos para estudiantes de familia pobres, un sacrificio de 22,6% a 24% con relación a la Carta Constitucional
    Para el año 2006 se encontraron 44.000 educadores menos que en 2001, la asignación que gira la Nación por cada alumno ha conservado el mismo valor en todo el período o se ha reducido, afectando la asignación de recursos por alumno atendido, recortando derechos laborales de docentes y estimulando la privatización. El Centro de Estudios e Investigaciones Docentes -CEID- señala que en 2000, 350.000 maestros atendían una población de estudiantes de 8`500.000 y para el año 2006, 306.000 atendían a 9`226.750 estudiantes, reflejando un empeoramiento la relación docente-alumno y condiciones de hacinamiento.
    Con el acuerdo 001 de 2001, el gasto en educación y salud se redujo del 49% del presupuesto de la Nación en 2001 al 35 % en 2006, periodo en el cual se cerraron 4000 instituciones educativas y 2.8 millones de niños se incorporan al mundo laboral, según UNICEF. Este desfinanciamiento incidió en un deterioro de la infraestructura territorial de las instituciones educativas, donde el 18% de las mismas carecen de tienen aulas o se encuentran semidestruidas, el 33,6% en mal estado y el 66,6% carecen de laboratorios, material didáctico o medios tecnológicos. A pesar de que la inversión en calidad de la educación ha venido aumentando, las cifras son irrisorias para un país necesitado de impulsos grandes para alcanzar la frontera de desarrollo: la inversión de calidad en Colombia en 2003 era de $1.753 por alumno y en 2004 de $2.405.
En zonas rurales se ha hallado un retroceso en la educación media vocacional, debido a la alta deserción y falta de recursos físicos y humanos se han venido desmontando o fusionando instituciones principalmente de educación técnica tales como INEM, CASD y CEDIT. Las regiones con la reforma, dejarán de recibir $49 billones. El plan decenal, baluarte de la política social en educación del actual gobierno, solamente se llevó a cabo en el 50% de los departamentos, solo tuvo en cuenta el 30% de los municipios. Con el recorte a las transferencias, se sumerge el Plan Decenal de Educación. (Ver gráfico 3)

S.O.S ¡Nos hundimos!

“Mi primera impresión, al darme cuenta de que estaba sumergido en la oscuridad, de que ya no podía ver la palma de mi mano, fue la de que no podría dominar el terror. Por el ruido del agua contra la borda, sabía que la balsa seguía avanzando lenta pero incansablemente (…) con la misma esperanza con que esa tarde esperé ver aviones en el horizonte, estuve esa madrugada buscando luces de barcos (…) La balsa seguía avanzando, no podía calcular cuánto había avanzado durante la noche, pero todo seguía siendo igual en el horizonte, como si no me hubiera movido un centímetro”. Gabriel García Márquez, Relato de un Náufrago (1970)

En Colombia, la lejana costa es la frontera a la que se desea llegar para construir mejores bases de crecimiento y desarrollo. La balsa es la educación, pues es un medio para llegar a dicho propósito. Los recursos (los que tiene y los que llegan (transferencias)), dan vida al náufrago para cumplir sus metas; el Estado es el náufrago que carece de brújula: un proyecto de largo plazo de crecimiento y desarrollo e incorporados a éstos, la educación.

^{1 Restrepo, Dario y Cárdenas, Raúl (2001) descentralización, desarrollo e integración. Crisis del centralismo y nuevos retos para entidades territoriales.} ^{p. 122} ^{2 Documento del Departamento nacional de Planeación (1994)

3 Op Cit} ^{Restrepo, Dario y Cárdenas, Raúl (2001)

4 Debate de 17 de Mayo de 2007, ante el Senado

5 Oscar Rodríguez Salazar foro convocado por el Polo Democrático alternativo el 17 de mayo

6 García Márquez, Gabriel. “Relato de un Náufrago”. P. 18-20}