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Bajo la urgencia de implementar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos, el Ejecutivo peruano no consultó ninguno de los once decretos legislativos con la Comisión Multipartidaria del Congreso establecida para tal fin ni con el público en general, mucho menos con los pueblos indígenas, según el informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas en Perú.
El paro tuvo una duración aproximada de más de siete semanas, parte del territorio peruano había sido declarado en Estado de Emergencia y existen lamentables testimonios de los acontecimientos de Bagua. Algunos de ellos fueron publicados por Servicios de Intercomunicación Cultural (Servindi), una agencia de noticias peruana centrada en asuntos indígenas y ecológicos: la policía estaba disparando a mansalva, todo estaba descontrolado, había gas lacrimógeno en el ambiente y una turba de indígenas contraatacó a los policías, los arrojaron al barranco y les quitaron sus fusiles; el Hospital de Bagua cerró sus puertas porque no podía recibir más heridos.
“Puras mentiras”: Rafael Correa
Por su parte en Ecuador, el Proyecto de Ley de Aguas generó posiciones opuestas entre el Gobierno y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) que alega que el proyecto de ley permitirá que empresas trasnacionales se apropien de las reservas hídricas en zonas cercanas a sus comunidades.
En consecuencia, desde la madrugada del 27 de septiembre se convocó a la movilización de las comunidades indígenas que con palos y piedras bloquearon importantes avenidas interprovinciales impidiendo el acceso vehicular, mientras otros cientos de indígenas se movilizaron a Quito para exigir un diálogo urgente con el Presidente Rafael Correa.
Según declaraciones del Presidente, los indígenas quieren desestabilizar su gobierno con argumentos basados en “mentiras” ya que la propuesta no pretende privatizar el agua, y advirtió que no dialogará por la fuerza con ningún sector.
Al poco tiempo, Correa, a través de la radio y televisión nacionales, confirmó el deceso de una persona y explicó que una bala de perdigón entró en la parte frontal de la víctima afectando la masa encefálica e invitó a que “su muerte sirva para entendernos como hermanos” dejando abiertas las puertas del diálogo.
El Ministro Ecuatoriano de Gobierno, Gustavo Jalkh, sostuvo por su parte que durante el operativo para despejar las vías bloqueadas se utilizó material antimotines y hubo un uso progresivo de la fuerza y que a pesar de los esfuerzos de la policía para que se suspendiera el paro, fueron recibidos con balas de escopetas.
El funcionario descartó que los policías hayan utilizado armas de fuego para despejar las carreteras, lo que significaría que el miembro de la comunidad indígena falleció a causa de un perdigón disparado por algún miembro de su misma comunidad y no por la fuerza pública.
Similitud de cultura, similitud de conflicto
América del Sur se caracteriza por la presencia de grandes comunidades indígenas en sus territorios y la equivalencia entre los sucesos de ambos países nos enseña que la creciente falta de diálogo en la región cobra como precio más alto la vida de ciudadanos que alzan su voz de protesta.
Si quisiéramos justificar los actos de violencia generados por la comunidades en respuesta a la fuerza pública, sería fácilmente deducir también que la fuerza pública actúa en respuesta a las agresiones de los protestantes, pero es importante reconocer que estos levantamientos se producen por falta de cumplimiento del derecho por el que están protegidos las comunidades: ser consultados sobre asuntos que afecten el futuro de sus tierras que se verían afectadas por las distintas leyes apoyadas por el Gobierno.
La Constitución de la República del Ecuador que está cerca de cumplir un año de vigencia, consagra la consulta previa a las comunidades indígenas dentro de un plazo razonable sobre planes relacionados a los recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y sobre la adopción de medidas legislativas que puedan afectar a sus derechos colectivos; la Carta Política también reconoce al agua como un derecho humano y amparados en esta normativa los indígenas motivan su protesta., sin embargo aún no existe un sistema de consulta en vigencia.
Finalmente, la violencia cedió en Perú con la derogatoria de varios decretos y el 5 de octubre de 2009 se abrió el diálogo entre el Gobierno Ecuatoriano y la Conaie, evitando sin duda que las protestas cobren más vidas inocentes, tanto de indígenas como de policías que también son padres de familia y muchas veces tan solo cumplen órdenes superiores; en lo fundamental del acuerdo, se creará una comisión mixta para estudiar y debatir el proyecto de Ley de Aguas y el Estado se comprometió a investigar la muerte del miembro de la comunidad indígena.
La Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en su preámbulo alienta a los Estados a que cumplan y apliquen sus obligaciones con los pueblos indígenas, en particular las relativas a los derechos humanos, en consulta y cooperación con los pueblos interesados.
La experiencia política de pueblos vecinos debe procurar ser una lección para los demás; en Ecuador el paro indígena duró una semana y tuvo una víctima fatal pero ¿por qué no observar la experiencia y evitar que alguien más muera?, si el diálogo no se hubiera abierto seguramente hoy la cantidad de víctimas fatales en Ecuador sería mayor que a las que hubo en Perú hace pocos meses atrás. Solo falta ver que la comisión de debate arroje resultados positivos.
*Carolina Baca es miembro del Programa Permanente de DD. HH. de la Universidad de las Américas UDLA Ecuador. Como estudiante de último año de Derecho de la UDLA, actualmente hace una pasantía en la Unidad de Protección del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en Quito.
1. Estos decretos promueven, entre otras cosas, la inversión privada en proyectos de irrigación para la ampliación de la frontera agrícola, crea el sistema nacional de recursos hídricos y el régimen temporal extraordinario de formalización y titulación de predios rurales.
2. El Objeto de la Ley de Aguas de acuerdo con el artículo 3 del Proyecto de Ley presentado a la Asamblea Nacional, es “regular la obtención, gestión, preservación, conservación, uso y aprovechamiento del agua, comprendidos dentro del territorio nacional en sus distintas fases, formas y estados físicos a fin de garantizar el sumak kawsay o buen vivir.”
3. La Conaie participó en los levantamientos que tuvieron como resultado los derrocamientos de los ex presidentes Abdalá Bucaram y Jamil Mahuad (Enero de 2000).
El paro tuvo una duración aproximada de más de siete semanas, parte del territorio peruano había sido declarado en Estado de Emergencia y existen lamentables testimonios de los acontecimientos de Bagua. Algunos de ellos fueron publicados por Servicios de Intercomunicación Cultural (Servindi), una agencia de noticias peruana centrada en asuntos indígenas y ecológicos: la policía estaba disparando a mansalva, todo estaba descontrolado, había gas lacrimógeno en el ambiente y una turba de indígenas contraatacó a los policías, los arrojaron al barranco y les quitaron sus fusiles; el Hospital de Bagua cerró sus puertas porque no podía recibir más heridos.
“Puras mentiras”: Rafael Correa
Por su parte en Ecuador, el Proyecto de Ley de Aguas generó posiciones opuestas entre el Gobierno y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) que alega que el proyecto de ley permitirá que empresas trasnacionales se apropien de las reservas hídricas en zonas cercanas a sus comunidades.
En consecuencia, desde la madrugada del 27 de septiembre se convocó a la movilización de las comunidades indígenas que con palos y piedras bloquearon importantes avenidas interprovinciales impidiendo el acceso vehicular, mientras otros cientos de indígenas se movilizaron a Quito para exigir un diálogo urgente con el Presidente Rafael Correa.
Según declaraciones del Presidente, los indígenas quieren desestabilizar su gobierno con argumentos basados en “mentiras” ya que la propuesta no pretende privatizar el agua, y advirtió que no dialogará por la fuerza con ningún sector.
Al poco tiempo, Correa, a través de la radio y televisión nacionales, confirmó el deceso de una persona y explicó que una bala de perdigón entró en la parte frontal de la víctima afectando la masa encefálica e invitó a que “su muerte sirva para entendernos como hermanos” dejando abiertas las puertas del diálogo.
El Ministro Ecuatoriano de Gobierno, Gustavo Jalkh, sostuvo por su parte que durante el operativo para despejar las vías bloqueadas se utilizó material antimotines y hubo un uso progresivo de la fuerza y que a pesar de los esfuerzos de la policía para que se suspendiera el paro, fueron recibidos con balas de escopetas.
El funcionario descartó que los policías hayan utilizado armas de fuego para despejar las carreteras, lo que significaría que el miembro de la comunidad indígena falleció a causa de un perdigón disparado por algún miembro de su misma comunidad y no por la fuerza pública.
Similitud de cultura, similitud de conflicto
América del Sur se caracteriza por la presencia de grandes comunidades indígenas en sus territorios y la equivalencia entre los sucesos de ambos países nos enseña que la creciente falta de diálogo en la región cobra como precio más alto la vida de ciudadanos que alzan su voz de protesta.
Si quisiéramos justificar los actos de violencia generados por la comunidades en respuesta a la fuerza pública, sería fácilmente deducir también que la fuerza pública actúa en respuesta a las agresiones de los protestantes, pero es importante reconocer que estos levantamientos se producen por falta de cumplimiento del derecho por el que están protegidos las comunidades: ser consultados sobre asuntos que afecten el futuro de sus tierras que se verían afectadas por las distintas leyes apoyadas por el Gobierno.
La Constitución de la República del Ecuador que está cerca de cumplir un año de vigencia, consagra la consulta previa a las comunidades indígenas dentro de un plazo razonable sobre planes relacionados a los recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y sobre la adopción de medidas legislativas que puedan afectar a sus derechos colectivos; la Carta Política también reconoce al agua como un derecho humano y amparados en esta normativa los indígenas motivan su protesta., sin embargo aún no existe un sistema de consulta en vigencia.
Finalmente, la violencia cedió en Perú con la derogatoria de varios decretos y el 5 de octubre de 2009 se abrió el diálogo entre el Gobierno Ecuatoriano y la Conaie, evitando sin duda que las protestas cobren más vidas inocentes, tanto de indígenas como de policías que también son padres de familia y muchas veces tan solo cumplen órdenes superiores; en lo fundamental del acuerdo, se creará una comisión mixta para estudiar y debatir el proyecto de Ley de Aguas y el Estado se comprometió a investigar la muerte del miembro de la comunidad indígena.
La Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en su preámbulo alienta a los Estados a que cumplan y apliquen sus obligaciones con los pueblos indígenas, en particular las relativas a los derechos humanos, en consulta y cooperación con los pueblos interesados.
La experiencia política de pueblos vecinos debe procurar ser una lección para los demás; en Ecuador el paro indígena duró una semana y tuvo una víctima fatal pero ¿por qué no observar la experiencia y evitar que alguien más muera?, si el diálogo no se hubiera abierto seguramente hoy la cantidad de víctimas fatales en Ecuador sería mayor que a las que hubo en Perú hace pocos meses atrás. Solo falta ver que la comisión de debate arroje resultados positivos.
*Carolina Baca es miembro del Programa Permanente de DD. HH. de la Universidad de las Américas UDLA Ecuador. Como estudiante de último año de Derecho de la UDLA, actualmente hace una pasantía en la Unidad de Protección del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en Quito.
1. Estos decretos promueven, entre otras cosas, la inversión privada en proyectos de irrigación para la ampliación de la frontera agrícola, crea el sistema nacional de recursos hídricos y el régimen temporal extraordinario de formalización y titulación de predios rurales.
2. El Objeto de la Ley de Aguas de acuerdo con el artículo 3 del Proyecto de Ley presentado a la Asamblea Nacional, es “regular la obtención, gestión, preservación, conservación, uso y aprovechamiento del agua, comprendidos dentro del territorio nacional en sus distintas fases, formas y estados físicos a fin de garantizar el sumak kawsay o buen vivir.”
3. La Conaie participó en los levantamientos que tuvieron como resultado los derrocamientos de los ex presidentes Abdalá Bucaram y Jamil Mahuad (Enero de 2000).
Las crecientes protestas indígenas en Perú y Ecuador tienen motivaciones muy afines: la falta de consulta a las comunidades nativas sobre decretos y leyes por parte de los Gobiernos. (Photo www.infraest-energ-sudamerica.org /Seinforma)
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NO a Bases Militares Gringas en Colombia
“La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) alega que el proyecto de Ley de Aguas permitirá que empresas trasnacionales se apropien de las reservas hídricas en zonas cercanas a sus comunidades.”
12/13/09
Por Carolina Baca*/ Corresponsal Seinforma
Quito.- Ecuador y Perú han enfrentado en similar medida al levantamiento del pueblo indígena y al uso de la fuerza pública para controlarlo.
Alrededor de treinta y tres muertos y doscientos de heridos entre civiles y policías fue el resultado del enfrentamiento desatado entre la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) de Perú y los indígenas de Amazonas durante el desalojo de una la carretera bloqueada por los nativos, en los acontecimientos de Bagua, Perú, el pasado 5 de Junio de este ano.
Por Carolina Baca*/ Corresponsal Seinforma
Quito.- Ecuador y Perú han enfrentado en similar medida al levantamiento del pueblo indígena y al uso de la fuerza pública para controlarlo.
Alrededor de treinta y tres muertos y doscientos de heridos entre civiles y policías fue el resultado del enfrentamiento desatado entre la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) de Perú y los indígenas de Amazonas durante el desalojo de una la carretera bloqueada por los nativos, en los acontecimientos de Bagua, Perú, el pasado 5 de Junio de este ano.
