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(Photo resisters.ca /Seinforma)
12/13/09
Por: Alvaro Gomez/ Director de Seinforma Canada
Toronto.- El primer ministro, Stephen Harper, pudo haber economizado mucho dinero de los contribuyentes canadienses, tiempo valioso de legisladores y esfuerzos costosos a su gabinete si él hubiera escuchado a los ciudadanos que le aconsejaron hace tiempo no firmar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Colombia, un país con una de los peores registros en violación de Derechos Humanos y corrupción.
El proyecto de ley C-23 fue retirado de la agenda legislativa pasada debido a la fuerte oposición que exige respeto a los Derechos Humanos en el país suramericano antes de ratificar dicho acuerdo. No obstante, el líder pianista insiste en presentarlo de nuevo al Parlamento.
Parece que el Sr. Harper no está escuchando muy bien últimamente, mientras continúa aplicando su política secreta a sensibles asuntos públicos. En julio del 2007, cuando el Primer Ministro comunicó del TLC con Colombia, un sondeo reveló que 73 canadienses de 100 creían que su gobierno no debía negociar ese tipo de acuerdos con países que tuviera dudosos records en Derechos Humanos.
Harper únicamente declaró al respecto del sondeo: “No vamos a decir que corrijan todos sus problemas sociales, políticos y de Derechos Humanos y solamente entonces nos comprometeremos en relaciones comerciales con ellos. Eso es una posición ridícula”. (i)
Además, días antes de la visita de Harper a Bogotá en 2007, Amnistía Internacional Canadá, el Congreso Laboral Canadiense y otras instituciones le aconsejaron reunirse con miembros de organizaciones colombianas de Derechos Humanos y Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) para que conociera la realidad de esa nación. La verdadera, quisieron decir.
Pero no lo hizo. Harper simplemente escuchó los reportes del gobierno colombiano que mostraban progresos sorprendentes no solamente en asuntos de Derechos Humanos sino también en seguridad, cohesión social y crecimiento económico, a partir del 2002 cuando Álvaro Uribe tomó el poder.
Por su parte, el 18 de junio del 2008, cinco meses antes que el Primer Ministro formalizara el acuerdo con Bogotá, el Comité Permanente sobre Comercio Internacional de la Cámara de los Comunes de Canadá denunció “La postura del gobierno (canadiense) que anunció la conclusión de negociaciones con Colombia antes de recibir las recomendaciones del comité. Se añadió que “Las negociaciones se llevaron a puerta cerrada” y que “sin acceso a los textos, el comité no está en posición de comentar acerca de la calidad del acuerdo”. (ii)
Pero, una vez más, a pesar de las recomendaciones de la Cámara de los Comunes de no firmar el TLC hasta que el gobierno canadiense tomara en cuenta su extenso reporte y hasta que hubiera una confirmación de progresos reales en Colombia respecto a desplazamiento, leyes laborales, responsabilidad criminal y una actitud oficial constructiva hacia grupos de Derechos Humanos, el 26 de marzo del 2009 el Sr. Harper inútilmente introdujo el proyecto de Ley C-23 al parlamento para ser ratificado.
Habiendo mencionado estos serios dilemas, combinados con una política secreta y dudas no resueltas ni atendidas durante todo el proceso del TLC con Colombia, me pregunto, con todo el debido respeto, si el Sr. Harper se está volviendo ciego y sordo. Quizás es tiempo para que se haga una revisión con su médico de cabecera porque no está escuchando a sus conciudadanos y también está perdiendo de vista la realidad colombiana por completo. Una realidad de su vice-presidente, 28 gobernadores provinciales de 33; 350 alcaldes de 1,103; y la mitad de 268 legisladores encarcelados o enfrentando cargos de corrupción y por el apoyo a escuadrones de la muerte; y la policía y el ejército involucrados directamente en más de 6,000 desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales solamente durante el gobierno de Álvaro Uribe.
Es probable que el Sr. Harper no tenga médico de familia todavía, como muchos de nosotros, así que si usted conoce cualquier médico que hable inglés y español y que esté aceptando nuevos pacientes cerca de la calle Sussex, por favor informe a la oficina del Primer Ministro tan pronto como sea posible.
Notas:
(i) La encuenta es citada por Garry Leech, profesor de Política Internacional en la Universidad de Cape Breton, en Nueva Escocia, en su publicación online Colombia Journal. El comentó que “Es primariamente el gobierno colombiano y cierta elite política y económica de ese país, antes que el pueblo colombiano, la que quiere el TLC.” <https://lists.resist.ca/pipermail/project-x/2007-December/017459.html>
(ii) Cámara de los Comunes de Canadá. DERECHOS HUMANOS, MEDIO AMBIENTE Y LIBRE COMERCIO CON COLOMBIA. Reporte del Comité de Comercio Internacional. 18 de Junio, 2008. Parlamento #39, Segunda Sesión. QUINTO REPORTE. Basado en una comisión de verificación que visitó Colombia entre mayo 11 y 14 de 2008. Ver páginas 11, 43-45. Reporte completo disponible en inglés en: <http://www2.parl.gc.ca/content/hoc/Committee/392/CIIT/Reports/RP3580301/ciitrp05/ciitrp05-e.pdf>
Por: Alvaro Gomez/ Director de Seinforma Canada
Toronto.- El primer ministro, Stephen Harper, pudo haber economizado mucho dinero de los contribuyentes canadienses, tiempo valioso de legisladores y esfuerzos costosos a su gabinete si él hubiera escuchado a los ciudadanos que le aconsejaron hace tiempo no firmar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Colombia, un país con una de los peores registros en violación de Derechos Humanos y corrupción.
El proyecto de ley C-23 fue retirado de la agenda legislativa pasada debido a la fuerte oposición que exige respeto a los Derechos Humanos en el país suramericano antes de ratificar dicho acuerdo. No obstante, el líder pianista insiste en presentarlo de nuevo al Parlamento.
Parece que el Sr. Harper no está escuchando muy bien últimamente, mientras continúa aplicando su política secreta a sensibles asuntos públicos. En julio del 2007, cuando el Primer Ministro comunicó del TLC con Colombia, un sondeo reveló que 73 canadienses de 100 creían que su gobierno no debía negociar ese tipo de acuerdos con países que tuviera dudosos records en Derechos Humanos.
Harper únicamente declaró al respecto del sondeo: “No vamos a decir que corrijan todos sus problemas sociales, políticos y de Derechos Humanos y solamente entonces nos comprometeremos en relaciones comerciales con ellos. Eso es una posición ridícula”. (i)
Además, días antes de la visita de Harper a Bogotá en 2007, Amnistía Internacional Canadá, el Congreso Laboral Canadiense y otras instituciones le aconsejaron reunirse con miembros de organizaciones colombianas de Derechos Humanos y Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) para que conociera la realidad de esa nación. La verdadera, quisieron decir.
Pero no lo hizo. Harper simplemente escuchó los reportes del gobierno colombiano que mostraban progresos sorprendentes no solamente en asuntos de Derechos Humanos sino también en seguridad, cohesión social y crecimiento económico, a partir del 2002 cuando Álvaro Uribe tomó el poder.
Por su parte, el 18 de junio del 2008, cinco meses antes que el Primer Ministro formalizara el acuerdo con Bogotá, el Comité Permanente sobre Comercio Internacional de la Cámara de los Comunes de Canadá denunció “La postura del gobierno (canadiense) que anunció la conclusión de negociaciones con Colombia antes de recibir las recomendaciones del comité. Se añadió que “Las negociaciones se llevaron a puerta cerrada” y que “sin acceso a los textos, el comité no está en posición de comentar acerca de la calidad del acuerdo”. (ii)
Pero, una vez más, a pesar de las recomendaciones de la Cámara de los Comunes de no firmar el TLC hasta que el gobierno canadiense tomara en cuenta su extenso reporte y hasta que hubiera una confirmación de progresos reales en Colombia respecto a desplazamiento, leyes laborales, responsabilidad criminal y una actitud oficial constructiva hacia grupos de Derechos Humanos, el 26 de marzo del 2009 el Sr. Harper inútilmente introdujo el proyecto de Ley C-23 al parlamento para ser ratificado.
Habiendo mencionado estos serios dilemas, combinados con una política secreta y dudas no resueltas ni atendidas durante todo el proceso del TLC con Colombia, me pregunto, con todo el debido respeto, si el Sr. Harper se está volviendo ciego y sordo. Quizás es tiempo para que se haga una revisión con su médico de cabecera porque no está escuchando a sus conciudadanos y también está perdiendo de vista la realidad colombiana por completo. Una realidad de su vice-presidente, 28 gobernadores provinciales de 33; 350 alcaldes de 1,103; y la mitad de 268 legisladores encarcelados o enfrentando cargos de corrupción y por el apoyo a escuadrones de la muerte; y la policía y el ejército involucrados directamente en más de 6,000 desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales solamente durante el gobierno de Álvaro Uribe.
Es probable que el Sr. Harper no tenga médico de familia todavía, como muchos de nosotros, así que si usted conoce cualquier médico que hable inglés y español y que esté aceptando nuevos pacientes cerca de la calle Sussex, por favor informe a la oficina del Primer Ministro tan pronto como sea posible.
Notas:
(i) La encuenta es citada por Garry Leech, profesor de Política Internacional en la Universidad de Cape Breton, en Nueva Escocia, en su publicación online Colombia Journal. El comentó que “Es primariamente el gobierno colombiano y cierta elite política y económica de ese país, antes que el pueblo colombiano, la que quiere el TLC.” <https://lists.resist.ca/pipermail/project-x/2007-December/017459.html>
(ii) Cámara de los Comunes de Canadá. DERECHOS HUMANOS, MEDIO AMBIENTE Y LIBRE COMERCIO CON COLOMBIA. Reporte del Comité de Comercio Internacional. 18 de Junio, 2008. Parlamento #39, Segunda Sesión. QUINTO REPORTE. Basado en una comisión de verificación que visitó Colombia entre mayo 11 y 14 de 2008. Ver páginas 11, 43-45. Reporte completo disponible en inglés en: <http://www2.parl.gc.ca/content/hoc/Committee/392/CIIT/Reports/RP3580301/ciitrp05/ciitrp05-e.pdf>
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Estas son apenas unas cuantas verdades acerca de la realidad colombiana hasta el momento, señor pianista: el vice-presidente, 28 gobernadores provinciales de 33; 350 alcaldes de 1,103; y la mitad de 268 legisladores encarcelados o enfrentando cargos de corrupción y por el apoyo a escuadrones de la muerte; y la policía y el ejército involucrados directamente en más de 6,000 desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales solamente durante el gobierno de Álvaro Uribe. (Photo caiti-online.blogspot.com/Seinforma)
Me pregunto, con todo el debido respeto, si el Sr. Harper se está volviendo ciego y sordo: No está escuchando a sus conciudadanos y está perdiendo de vista la realidad colombiana por completo.
Comentarios - Comments
Belen Munar escribió:
No parece simple la solución a corto plazo en Colombia. La desesperanza invade a los ciudadanos de bien que vemos con horror cómo se desmantela la constitución política; la justicia es solo para unos y la economía entera en crisis. La corrupción y la apropiación de los recursos públicos son justificadas por el gobierno que desea perpetuarse en el poder. La comunidad internacional es quien puede ejercer presión para un cambio pero es obvio que los grupos económicos tanto internos como externos no van a cambiar el estatus quo, asi que el baño de sangre continúa, el desplazamiento interno aumenta y las ciudades se llenan de violencia a cuenta de los paramilitares reinsertados. Es en este contexto y un gobierno tan corrupto con el que el gobieno canadiense quiere negociar?
Belen Munar escribió:
No parece simple la solución a corto plazo en Colombia. La desesperanza invade a los ciudadanos de bien que vemos con horror cómo se desmantela la constitución política; la justicia es solo para unos y la economía entera en crisis. La corrupción y la apropiación de los recursos públicos son justificadas por el gobierno que desea perpetuarse en el poder. La comunidad internacional es quien puede ejercer presión para un cambio pero es obvio que los grupos económicos tanto internos como externos no van a cambiar el estatus quo, asi que el baño de sangre continúa, el desplazamiento interno aumenta y las ciudades se llenan de violencia a cuenta de los paramilitares reinsertados. Es en este contexto y un gobierno tan corrupto con el que el gobieno canadiense quiere negociar?