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Organización Latino-Canadiense de Derechos Humanos y Libertad de Expresión / The Latin-Canadian Organization of Human Rights and Freedom of Expression
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PlanPADRINO
Este año apoyaremos
la recuperación de los niños bolivianos que viven en condiciones de miseria en las goteras de La Paz.
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"Corresponsales de guerra reportan sentimientos desde el frente"
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Jorge SILVA:
“Después de que vas la primera vez, no sabes si vale la pena arriesgarte"
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Reportes ESPECIALES
La Crisis Civilizatoria y el fin del modelo neoliberal.
Foro Social Mundial 2008 - Otro mundo es Posible.
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Convocatoria
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Seinforma Reportes Especiales
El Tribunal Permanente de los Pueblos sesionó en Colombia en julio y juzgó a las multinacionales por inducir la violación de derechos y beneficiarse de ello
Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) juzga a multinacionales por violación de DDHH en Colombia
Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) juzga a multinacionales por violación de DDHH en Colombia
Enviado Especial/ Seinforma Canada
Bogotá.- El TPP celebró en Bogotá, Colombia, un juicio público dirigido hacia las empresas transnacionales que actúan en el país, que se han ido involucrando en “prácticas violatorias de los derechos humanos”1articulándose a las redes de violencia “que hunden sus raíces en estrategias de Estado, incentivadas y patrocinadas por políticas hemisféricas que buscan legitimarse en imperativos de seguridad para los grandes inversionistas y empresarios”. La sesión se llevó a cabo en el Auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional de Colombia, para ver el producto de más de 2 años en los que se realizaron 6 audiencias temáticas, integradas con la preaudiencia sobre la multinacional Suiza Nestle realizada en Berna en el año 2005:
1. (Sentencia del tribunal permanente de los pueblos, 23 de julio de 2008 [On line] <http://www.redcolombia.org/index.php?option=com_content&task=view&id=196&Itemid=54> )
Transnacionales juzgadas:
El jurado estuvo compuesto entre otras personalidades por el Argentino Adolfo Pérez Esquivel, Premio Novel de Paz, 1980, encargado de presidir la audiencia y Philippe Texier, Frances presidente del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de las Naciones Unidas.
En la audiencia que se realizó entre el 21 y 23 de julio, se escucharon las voces de las víctimas y de sus organizaciones para develar ante los jurados el modus operandi de las grandes multinacionales, la magnitud de sus capitales, sus altos índices de rentabilidad, los mecanismos con los que camuflan su irresponsabilidad, las secuelas de sus acciones en el medio ambiente, la persecución y exterminio de los sindicatos (cerca de 4000 sindicalistas han sido asesinados en los últimos 20 años), la reducción de su fuerza laboral, la contratación indirecta (contratos temporales y la tercerización) con la consecuente precarización de la situación de los trabajadores (32% de los trabajadores colombianos laboran sin ningún tipo de contrato, 60% son informales y el 44% no tienen ningún tipo de seguridad social) y la contratación clandestina de grupos paramilitares.
También se escucharon las opiniones de expertos que permitieron descifrar “la política de las empresas y del Estado colombiano muchas veces presionados por organismos multilaterales” como el Banco Mundial, el FMI, el BID y la OMC para imponer las reglas del capital por encima de los valores humanos y sociales, inclusive de la vida misma, la gran evidencia es que el derecho internacional se ha adaptado a las necesidades de las multinacionales.
Se recordaron allí a los “sindicalistas de Coca Cola, Nestlé y de Drummond; a los 80 campesinos, afrodescendientes e indígenas y comunidades campesinas sacrificadas por el paramilitarismo al servicio de las empresas petroleras y mineras como la Anglo Gold Ashanti, la Kdhada, la B.P., en el Sur de bolívar en el Casanare , en el Putumayo, en el Macizo Colombiano, en el Eje Cafetero; a las innumerables víctimas del Urabá del bajo Atrato y del Magdalena a quienes los paramilitares, financiados con los dineros de Chiquita Brands y otras multinacionales asesinaron, desaparecieron y desplazaron”; a las comunidades cuyos pobladores se les ha deteriorado “su calidad de vida desde que empresas como Unión Fenosa, Canal Isabel II, Endesa, Aguas de Barcelona entraron a operar los servicios básicos imponiendo las lógicas de rentabilidad” sobre el derecho al acceso a estos servicios.
El tribunal denunció moral y éticamente a las organizaciones Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y a la Organización Mundial del Comercio que con el pretexto de promover el crecimiento y desarrollo económico, combatir la pobreza y lograr el desarrollo sostenible, son causa del incremento de las desigualdades entre una minoría de poderosos y una extraordinaria mayoría que padece las consecuencias negativas de la globalización; estas organizaciones alientan y permiten la invisibilización jurídica de las empresas que hace difícil exigirles responsabilidades desde el derecho internacional. Asimismo condena a los estados por poner en práctica políticas económicas, financieras, productivas y judiciales que favorecen a las minorías poderosas en detrimento de la calidad de vida de las mayorías empobrecidas. También condena a las multinacionales por “las graves, claras y persistentes violaciones de los principios y normas generales de los convenios internacionales que protegen los derechos civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales de las comunidades, nacionalidades, pueblos, familias y personas de los pueblos de América Latina”.
Luego de hacer una descripción de Colombia desde la visión del Tribunal este concluye que el país se presenta como un “laboratorio político institucional donde los intereses de los actores económicos nacionales e internacionales son plenamente defendidos” por el Estado sus funciones reguladoras y su deber constitucional de defensa de la dignidad y de “la vida de una gran parte de la población a la cual se aplica, como si de un enemigo se tratara, la doctrina de la seguridad nacional, en su versión colombiana”, teniendo en cuenta lo anterior se condena al gobierno de Colombia por establecer un marco legislativo que permite la violación de los derechos de los trabajadores y la violación generalizada de los derechos civiles y políticos junto con los derechos económicos sociales y culturales. Asimismo la violación al cumplimiento con el deber de protección del medio ambiente establecido en la Constitución Política de 1991, también se condena al Estado colombiano por vulnerar los derechos colectivos a la tierra, a los recursos naturales, al autogobierno a los derechos de participación y al desarrollo propio de los pueblos originarios.
Dentro de la condena al Estado colombiano y a las transnacionales se les acusa de participar directa o indirecta, por acción y por omisión en la comisión de prácticas genocidas contra 28 comunidades indígenas, contra el movimiento sindical y el exterminio del Movimiento Político de la Unión Patriótica. La comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Al estado se le agrega el incumpliendo de sus obligaciones en la persecución y castigo de dichos delitos.
A las multinacionales juzgadas se les imputa la participación directa de manera directa y activa, en otras ocasiones como instigadores o como cómplices y “en todos los casos, por lo menos, beneficiándose económicamente de la existencia y de las características del conflicto armado en Colombia y de las violaciones de derechos humanos que en este marco se han producido”, y el que actualmente estas no se han desmarcado ni protestado seriamente ante “las autoridades competentes que las ha implicado en la comisión de asesinatos contra sus trabajadores”.
Otros de los cargos hechos a las transnacionales son: violaciones graves y masivas de los derechos laborales, específicamente de la libertad sindical; “por fraude a sus accionistas y a sus consumidores al asumir unos compromisos de responsabilidad social que incumplen flagrantemente en Colombia” y la participación en la degradación del medio ambiente.
El TPP remienda al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para que designe un Relator Especial para presentar un informe con una propuesta que de valor vinculante a las normas sobre las responsabilidades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en la esfera de los derechos humanos, propuestas en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 26 de agosto de 2003; a los organismos internacionales (Banco Mundial, FMI, OMC y BID) para que modifiquen sus políticas neoliberales e introduzcan en sus políticas de financiación del sector privado la obligación de realizar evaluaciones de seguimiento independientes de sus proyectos teniendo en cuenta los impactos económicos, sociales y ambientales en los marcos de pérdida de la biodiversidad y del cambio climático. También se formuló recomendación a la Unión Europea para que lleve a cabo un control eficaz sobre sus ayudas económicas a los gobiernos de América Latina, exigiendo el pleno respeto a los derechos humanos y sancionar las violaciones a estos; finalmente se solicitó a las Naciones Unidas la constitución de una Comisión de la Verdad, parcial e independiente para esclarecer lo sucedido en estos decenios respecto a las violaciones de derechos Humanos en Colombia.
Al gobierno de Colombia le solicita cumplir con la sentencia de la Corte Constitucional, C-370 del 18 de mayo de 2006 sobre la ley 975 de 2005, conocida como de Justicia y Paz, para modificarla conforme a los estándares internacionales de derechos humanos; Retirar la reserva del país a la Coste Penal Internacional (CPI) y denunciar el acuerdo bilateral entre Colombia y estados Unidos del 13 de septiembre de 2003 respecto a la entrega de ciudadanos estadounidenses a la CPI,; aplicar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas; revocar las concesiones de explotación de recursos en territorios indígenas realizadas sin el consentimiento de las poblaciones afectadas; investigar y sancionar a los responsables de la violación de derechos humanos; implementar mecanismos idóneos para que a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se les satisfagan los derechos a la verdad, justicia y reparación. Construir un sistema de justicia independiente, eficiente y eficaz, asimismo impulse y apoye con “todos los recursos al sistema judicial para que lleve a cabo procesos de esclarecimiento de los hechos” y finalmente solicita favorecer las negociaciones humanitarias y de paz.
El tribunal también formuló recomendaciones a todos los gobiernos solicitándoles que sus relaciones internacionales, sus decisiones de política económica y de cooperación internacional estén vinculadas a la garantía y respeto de los derechos humanos, el desarrollo humano, la democracia y la protección ambiental, asimismo “exigir a las corporaciones multinacionales e instituciones financieras internacionales, comerciales y de capital privado el abandono de su doble moral” y respetar los derechos humanos, vigilando que cumplan las normas en cualquier lugar del mundo donde operen.
El tribunal le pide a la comunidad internacional que se distancie de la información que recibe de las fuentes oficiales y de las tradicionales pues no puede considerarse fiables “unas fuentes que han permitido silenciar todos estos crímenes” cometidos contra el pueblo colombiano. También se solicitó a los accionistas de las empresas transnacionales para que se informen sobre el comportamiento de sus filiales y las sometan a un control ético.
A la justicia colombiana se le exhortó para que busque una justicia auténtica que responda adecuadamente a las demandas de la ciudadanía en esta materia, manteniendo la división de poderes comprendiendo que el poder judicial no cumple un rol secundario respecto a los órganos legislativo y ejecutivo.
Finalmente el TPP también exhorta a los grupos “insurgentes” para que respeten en toda circunstancia el derecho internacional humanitario “que protege a la población civil”; liberar a los civiles secuestrados y favorecer las negociaciones humanitarias y de paz.
El TPP es un organismo internacional no gubernamental establecido en 1979, es un tribunal de opinión creado para juzgar los crímenes de guerra cometidos por los Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam (1966-1967) y de las dictaduras en América Latina (1974-1976): Su primera audiencia en Colombia la realizó en el 2006 en la que fue condenada la Multinacional Chiquita Brands.
Bogotá.- El TPP celebró en Bogotá, Colombia, un juicio público dirigido hacia las empresas transnacionales que actúan en el país, que se han ido involucrando en “prácticas violatorias de los derechos humanos”1articulándose a las redes de violencia “que hunden sus raíces en estrategias de Estado, incentivadas y patrocinadas por políticas hemisféricas que buscan legitimarse en imperativos de seguridad para los grandes inversionistas y empresarios”. La sesión se llevó a cabo en el Auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional de Colombia, para ver el producto de más de 2 años en los que se realizaron 6 audiencias temáticas, integradas con la preaudiencia sobre la multinacional Suiza Nestle realizada en Berna en el año 2005:
1. (Sentencia del tribunal permanente de los pueblos, 23 de julio de 2008 [On line] <http://www.redcolombia.org/index.php?option=com_content&task=view&id=196&Itemid=54> )
Transnacionales juzgadas:
El jurado estuvo compuesto entre otras personalidades por el Argentino Adolfo Pérez Esquivel, Premio Novel de Paz, 1980, encargado de presidir la audiencia y Philippe Texier, Frances presidente del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de las Naciones Unidas.
En la audiencia que se realizó entre el 21 y 23 de julio, se escucharon las voces de las víctimas y de sus organizaciones para develar ante los jurados el modus operandi de las grandes multinacionales, la magnitud de sus capitales, sus altos índices de rentabilidad, los mecanismos con los que camuflan su irresponsabilidad, las secuelas de sus acciones en el medio ambiente, la persecución y exterminio de los sindicatos (cerca de 4000 sindicalistas han sido asesinados en los últimos 20 años), la reducción de su fuerza laboral, la contratación indirecta (contratos temporales y la tercerización) con la consecuente precarización de la situación de los trabajadores (32% de los trabajadores colombianos laboran sin ningún tipo de contrato, 60% son informales y el 44% no tienen ningún tipo de seguridad social) y la contratación clandestina de grupos paramilitares.
También se escucharon las opiniones de expertos que permitieron descifrar “la política de las empresas y del Estado colombiano muchas veces presionados por organismos multilaterales” como el Banco Mundial, el FMI, el BID y la OMC para imponer las reglas del capital por encima de los valores humanos y sociales, inclusive de la vida misma, la gran evidencia es que el derecho internacional se ha adaptado a las necesidades de las multinacionales.
Se recordaron allí a los “sindicalistas de Coca Cola, Nestlé y de Drummond; a los 80 campesinos, afrodescendientes e indígenas y comunidades campesinas sacrificadas por el paramilitarismo al servicio de las empresas petroleras y mineras como la Anglo Gold Ashanti, la Kdhada, la B.P., en el Sur de bolívar en el Casanare , en el Putumayo, en el Macizo Colombiano, en el Eje Cafetero; a las innumerables víctimas del Urabá del bajo Atrato y del Magdalena a quienes los paramilitares, financiados con los dineros de Chiquita Brands y otras multinacionales asesinaron, desaparecieron y desplazaron”; a las comunidades cuyos pobladores se les ha deteriorado “su calidad de vida desde que empresas como Unión Fenosa, Canal Isabel II, Endesa, Aguas de Barcelona entraron a operar los servicios básicos imponiendo las lógicas de rentabilidad” sobre el derecho al acceso a estos servicios.
El tribunal denunció moral y éticamente a las organizaciones Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y a la Organización Mundial del Comercio que con el pretexto de promover el crecimiento y desarrollo económico, combatir la pobreza y lograr el desarrollo sostenible, son causa del incremento de las desigualdades entre una minoría de poderosos y una extraordinaria mayoría que padece las consecuencias negativas de la globalización; estas organizaciones alientan y permiten la invisibilización jurídica de las empresas que hace difícil exigirles responsabilidades desde el derecho internacional. Asimismo condena a los estados por poner en práctica políticas económicas, financieras, productivas y judiciales que favorecen a las minorías poderosas en detrimento de la calidad de vida de las mayorías empobrecidas. También condena a las multinacionales por “las graves, claras y persistentes violaciones de los principios y normas generales de los convenios internacionales que protegen los derechos civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales de las comunidades, nacionalidades, pueblos, familias y personas de los pueblos de América Latina”.
Luego de hacer una descripción de Colombia desde la visión del Tribunal este concluye que el país se presenta como un “laboratorio político institucional donde los intereses de los actores económicos nacionales e internacionales son plenamente defendidos” por el Estado sus funciones reguladoras y su deber constitucional de defensa de la dignidad y de “la vida de una gran parte de la población a la cual se aplica, como si de un enemigo se tratara, la doctrina de la seguridad nacional, en su versión colombiana”, teniendo en cuenta lo anterior se condena al gobierno de Colombia por establecer un marco legislativo que permite la violación de los derechos de los trabajadores y la violación generalizada de los derechos civiles y políticos junto con los derechos económicos sociales y culturales. Asimismo la violación al cumplimiento con el deber de protección del medio ambiente establecido en la Constitución Política de 1991, también se condena al Estado colombiano por vulnerar los derechos colectivos a la tierra, a los recursos naturales, al autogobierno a los derechos de participación y al desarrollo propio de los pueblos originarios.
Dentro de la condena al Estado colombiano y a las transnacionales se les acusa de participar directa o indirecta, por acción y por omisión en la comisión de prácticas genocidas contra 28 comunidades indígenas, contra el movimiento sindical y el exterminio del Movimiento Político de la Unión Patriótica. La comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Al estado se le agrega el incumpliendo de sus obligaciones en la persecución y castigo de dichos delitos.
A las multinacionales juzgadas se les imputa la participación directa de manera directa y activa, en otras ocasiones como instigadores o como cómplices y “en todos los casos, por lo menos, beneficiándose económicamente de la existencia y de las características del conflicto armado en Colombia y de las violaciones de derechos humanos que en este marco se han producido”, y el que actualmente estas no se han desmarcado ni protestado seriamente ante “las autoridades competentes que las ha implicado en la comisión de asesinatos contra sus trabajadores”.
Otros de los cargos hechos a las transnacionales son: violaciones graves y masivas de los derechos laborales, específicamente de la libertad sindical; “por fraude a sus accionistas y a sus consumidores al asumir unos compromisos de responsabilidad social que incumplen flagrantemente en Colombia” y la participación en la degradación del medio ambiente.
El TPP remienda al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para que designe un Relator Especial para presentar un informe con una propuesta que de valor vinculante a las normas sobre las responsabilidades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en la esfera de los derechos humanos, propuestas en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 26 de agosto de 2003; a los organismos internacionales (Banco Mundial, FMI, OMC y BID) para que modifiquen sus políticas neoliberales e introduzcan en sus políticas de financiación del sector privado la obligación de realizar evaluaciones de seguimiento independientes de sus proyectos teniendo en cuenta los impactos económicos, sociales y ambientales en los marcos de pérdida de la biodiversidad y del cambio climático. También se formuló recomendación a la Unión Europea para que lleve a cabo un control eficaz sobre sus ayudas económicas a los gobiernos de América Latina, exigiendo el pleno respeto a los derechos humanos y sancionar las violaciones a estos; finalmente se solicitó a las Naciones Unidas la constitución de una Comisión de la Verdad, parcial e independiente para esclarecer lo sucedido en estos decenios respecto a las violaciones de derechos Humanos en Colombia.
Al gobierno de Colombia le solicita cumplir con la sentencia de la Corte Constitucional, C-370 del 18 de mayo de 2006 sobre la ley 975 de 2005, conocida como de Justicia y Paz, para modificarla conforme a los estándares internacionales de derechos humanos; Retirar la reserva del país a la Coste Penal Internacional (CPI) y denunciar el acuerdo bilateral entre Colombia y estados Unidos del 13 de septiembre de 2003 respecto a la entrega de ciudadanos estadounidenses a la CPI,; aplicar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas; revocar las concesiones de explotación de recursos en territorios indígenas realizadas sin el consentimiento de las poblaciones afectadas; investigar y sancionar a los responsables de la violación de derechos humanos; implementar mecanismos idóneos para que a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se les satisfagan los derechos a la verdad, justicia y reparación. Construir un sistema de justicia independiente, eficiente y eficaz, asimismo impulse y apoye con “todos los recursos al sistema judicial para que lleve a cabo procesos de esclarecimiento de los hechos” y finalmente solicita favorecer las negociaciones humanitarias y de paz.
El tribunal también formuló recomendaciones a todos los gobiernos solicitándoles que sus relaciones internacionales, sus decisiones de política económica y de cooperación internacional estén vinculadas a la garantía y respeto de los derechos humanos, el desarrollo humano, la democracia y la protección ambiental, asimismo “exigir a las corporaciones multinacionales e instituciones financieras internacionales, comerciales y de capital privado el abandono de su doble moral” y respetar los derechos humanos, vigilando que cumplan las normas en cualquier lugar del mundo donde operen.
El tribunal le pide a la comunidad internacional que se distancie de la información que recibe de las fuentes oficiales y de las tradicionales pues no puede considerarse fiables “unas fuentes que han permitido silenciar todos estos crímenes” cometidos contra el pueblo colombiano. También se solicitó a los accionistas de las empresas transnacionales para que se informen sobre el comportamiento de sus filiales y las sometan a un control ético.
A la justicia colombiana se le exhortó para que busque una justicia auténtica que responda adecuadamente a las demandas de la ciudadanía en esta materia, manteniendo la división de poderes comprendiendo que el poder judicial no cumple un rol secundario respecto a los órganos legislativo y ejecutivo.
Finalmente el TPP también exhorta a los grupos “insurgentes” para que respeten en toda circunstancia el derecho internacional humanitario “que protege a la población civil”; liberar a los civiles secuestrados y favorecer las negociaciones humanitarias y de paz.
El TPP es un organismo internacional no gubernamental establecido en 1979, es un tribunal de opinión creado para juzgar los crímenes de guerra cometidos por los Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam (1966-1967) y de las dictaduras en América Latina (1974-1976): Su primera audiencia en Colombia la realizó en el 2006 en la que fue condenada la Multinacional Chiquita Brands.
| Sector/ Temática | Transnacionales | Número |
| Agroalimentario, Bogotá 1 y de abril, 2006 | Coca Cola, Nestlé, Chiquita Brands. | 3 |
| Minero, Medellín 10 y 11 de noviembre, 2006 | BHP Billiton, Anglo American, Glencore- Xtrata, Cemex, Holcim, Drummond, Anglogold Ashanti con su filial Kedhada, Muriel mining corporation, B2 Gold Cobre y Oro de Colombia. | 7 |
| Biodiversidad, Zona humanitaria Nueva Esperanza, cuenca del Río Cacarica en el bajo Atrato chocoano, 15 y 26 de febrero de 2007 | Smurfit Kapa - Cartón de Colombia, MULTIFRUIT S.A. filial de DELMONTE, PIZANO S.A y su filial Maderas del Darien, URAPALMA S.A, Monsanto y Dyncorp. | 6 |
| Petrolero, Bogotá 3 al 5 de agosto, 2007 | Occidental Petroleum Company, British Petroleum y Repsol YPF, Ecopetrol, Petrominerales, Gran Tierra Energy. | 3 |
| Servicios Públicos, 7 y 8 de abril, 2008 | Unión Fenosa, Endesa, Aguas de Barcelona, TQ3, Telefónica, Canal Isabel ll, Canal de Suez, Empresas Públicas de Medellín | 7 |
| Pueblos indígenas, Atánquez, Sierra Nevada de Santa Marta, 18 y 19 de julio | Brisa S.A. (se trataron además los derechos de los pueblos indígenas tema a tratar en un artículo aparte) | 1 |