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(…) Si nos detenemos nuevamente en el concepto de terrorismo, podremos rescatar un detalle importante: en ninguno de los incidentes hubo formas violentas de lucha política, entonces ¿por qué fueron estos ciudadanos encarcelados y enfrentan cargos de terrorismo, si lo único que hacían era ejercer su derecho de manifestarse de forma pacifica? (…)
(Photo EDH-Giovanni Lemus/Seinforma)
La creación de una ley antiterrorista en El Salvador atenta contra los derechos fundamentales del pueblo y criminaliza la protesta. ¿Acaso la población salvadoreña ha vuelto a los tiempos de la guerra, donde fueron suspendidos todos los derechos civiles incluyendo la libre expresión y la manifestación pacífica?

Por Carmen María Arguello/Corresponsal Seinforma Canada

San Salvador.-
  Definitivamente el mundo entero se ve diferente después de los ataques a las Torres Gemelas en Nueva York el 11 de Septiembre del 2001, el planeta entero se volcó a la lucha contra el terrorismo, pero resulta increíble encontrar soldados Salvadoreños defendiendo intereses de Estados Unidos hoy en Irak o la aprobación de la llamada ley antiterrorista; que no es más que una nueva forma del gobierno de coartar las libertades civiles en El Salvador.
   Por definición, terrorismo significa cualquier forma violenta de lucha política, mediante la cual se persigue la destrucción del orden establecido o la creación de un clima de terror e inseguridad susceptible de intimidar a los adversarios o a la población en general.  Pero cuando hablamos de la creación de una ley antiterrorista en El Salvador podríamos estar hablando de conceptos un poco distorsionados y que cabe destacar, atentan contra los derechos fundamentales del pueblo. No solo porque su aprobación dentro del palacio legislativo por las alas de ultra derecha salvadoreña se dio en un ambiente de repudio total por amplios grupos de la población, sino también porque su aplicación va mas allá del simple desempeño de las funciones policiales y se enfrasca en actos que muchas veces pasan los limites de violencia que estas operaciones suponen.
   De acuerdo al articulo 1 del  decreto 108 de la Asamblea Legislativa Salvadoreña: «La presente Ley tiene como objeto prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos que se describen en ésta, así como todas sus manifestaciones, incluido su financiamiento y actividades conexas, y que por la forma de ejecución, medios y métodos empleados, evidencien la intención de provocar estados de alarma, temor o terror en la población, al poner en peligro inminente o afectar la vida o la integridad física o mental de las personas, bienes materiales de significativa consideración o importancia, el sistema democrático o la seguridad del Estado o la paz internacional; todo lo anterior, con estricto apego al respeto a los Derechos Humanos. En ningún caso, los delitos comprendidos en la presente Ley, serán considerados políticos o conexos con políticos ni como delitos fiscales.»
   Partiendo de los objetivos que la misma ley plantea, existen dos hechos importantísimos que nos permiten analizar la aplicación de esta ley,  supuesta a combatir el terrorismo en el país y que en realidad es una forma más de terrorismo del Estado contra el pueblo Salvadoreño, en su pleno derecho a la libre expresión.
   El 12 de mayo del año 2007, luego que los cuerpos policiales de la capital desalojaron y decomisaron a comerciantes informales sus mercancías, en un acto de repudio por la forma en que este operativo fue llevado a cabo, cientos de estos comerciantes se concentraron en la calles del centro de San Salvador para expresar su descontento y fueron contraatacados con la fuerza de 200 miembros de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO)reconocida a nivel nacional por sus prácticas violentas durante operativos de este tipo, los agentes en esa ocasión atacaron con  gases lacrimógenos y con balas de goma, y  tuvo un saldo de 11 comerciantes capturados y encausados bajo cargos de terrorismo.
   Después de eso, el 2 de Julio del 2007, en Suchitoto(un pueblo a 45 km. de la capital Salvadoreña) mientras el Presidente de la República Antonio Saca anunciaba una iniciativa de privatización y descentralización de los recursos de agua potable, organizaciones sociales y población en general desarrollaban una marcha pacifica, durante la cual se revivió lo sucedido un mes antes en las calles del centro capitalino con los comerciantes informales, mientras una lluvia de balas de goma, gases lacrimógenos y helicópteros surcaban los cielos de Suchitoto, 14 personas eran detenidas para enfrentar cargos de terrorismo.
   Si nos detenemos nuevamente en el concepto de terrorismo, podremos rescatar un detalle importante: en ninguno de los incidentes, hablamos de formas violentas de lucha política, entonces ¿por qué fueron estos ciudadanos encarcelados y enfrentan cargos de terrorismo, si lo único que hacían era ejercer su derecho de manifestarse de forma pacifica?
   Surge entonces la pregunta, ¿acaso la población en El Salvador ha vuelto a los tiempos de la guerra, donde fueron suspendidos todos los derechos civiles incluyendo la libre expresión y manifestación pacifica?
  Es simplemente, como han explicado expertos del derecho en El Salvador,  esta ley es un instrumento que el gobierno puede utilizar contra el movimiento social y la sociedad civil, convirtiendo así al país en un lugar donde no está permitida a la población cualquier manifestación de su inconformidad ante la violación de sus derechos fundamentales.
   Esta legislación hace recordar a los salvadoreños y salvadoreñas los amargos años de guerra donde había un estado de sitio permanente, les hace sentir coraje por los 12 años de lucha y los miles de muertos que aún hoy no han sido reconocidos, los cientos de niños que aún buscan a sus padres.
   Es realmente preocupante ver el futuro de El Salvador, donde después de tanto sufrimiento y victimas de la guerra no hemos llegado a conseguir que el gobierno respete nuestros derechos económicos, políticos y sociales, donde aún hoy hablamos de violaciones a los Derechos Humanos, represión, miedo, muerte y desesperanza.
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